Los regidores solicitaron formalmente una reunión con Aguirre hace ocho meses para abordar el Plan Estratégico del Sur.

Dicho Plan crearía 100.000 empleos y ayudaría a paliar el paro en la región: la primera preocupación de la ciudadanía y la prioridad absoluta de los alcaldes reunidos.

Reunidos en Leganés los alcaldes de Alcorcón, Enrique Cascallana; Aranjuez, Jesús Dionisio; Fuenlabrada, Manuel Robles: Getafe, Pedro Castro; Leganés, Rafael Gómez Montoya; Parla, José María Fraile y Pinto, Juan José Martín, han resuelto exigir a la presidenta Esperanza Aguirre que se reúna con ellos con carácter urgente, después de ocho meses de silencio del Gobierno regional desde que los alcaldes del Sur solicitaran formalmente una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid para presentarle el Plan Estratégico del Sur, elaborado por los siete ayuntamientos.

Los siete alcaldes han anunciado que llevarán a cabo movilizaciones si la presidenta de la Comunidad de Madrid continúa sin recibirles a pesar de que el Plan Estratégico del Sur vendría a paliar el problema del desempleo, que constituye la prioridad absoluta para los alcaldes del Sur y la primera preocupación de la ciudadanía.

Mientras la Comunidad de Madrid alcanza ya casi el medio millón de parados, y el crecimiento del desempleo en la región supera con creces la media nacional, la presidenta Aguirre ha ignorado hasta el momento las propuestas que los siete alcaldes de la zona Sur proponen para crear hasta 100.000 empleos en la región, principalmente a través del desarrollo de los más de 30 millones de metros cuadrados para vivienda e industria que la Comunidad de Madrid mantiene paralizados en estas ciudades del Sur.

Asimismo los siete alcaldes han mostrado su disposición a trabajar con la administración regional para colaborar conjuntamente en la solución del problema del desempleo, algo que desde luego es imposible si la presidenta regional no se digna ni siquiera a recibirles. Los alcaldes acordaron asimismo volver a reunirse el 21 de enero, para abordar la posibilidad de solicitar un amparo al Defensor del Pueblo ante los incumplimientos reiterados de la presidenta Aguirre.